Como pueden anticiparse al 2026 las organizaciones obligadas a SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.
A medida que el 2026 se acerca, las empresas que operan en sectores regulados deben enfrentar desafíos cada vez más complejos en torno a la implementación y gestión de sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE). Las normativas nacionales de cada una de las Superintendencias son cada vez más estrictas y la presión para cumplir con ellas, así como su fiscalización se intensifica.
¿Está su empresa lista para afrontar estos retos?
Los avances tecnológicos, la digitalización y las nuevas amenazas de crimen organizado presentan un escenario donde la gestión del riesgo requiere un enfoque integral, preciso y adaptado a los cambios que hace vital para las organizaciones contar con profesionales en cumplimiento y gestión de riesgos.
Retos en SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE para el 2026: ¿Cómo Afectarán a Su Organización?
1. Complejidad Regulatoria en Expansión.
Las regulaciones nacionales están en constante cambio. Las empresas deben mantenerse al día con nuevas normativas y ajustar sus políticas internas de forma rápida y eficiente. Esto hace de suma importancia contar con un equipo experto en SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, que ayuden a mantener a una organización alineada con las regulaciones vigentes, evitando sanciones y garantizando un cumplimiento continuo.
2. Transformación Digital y Automatización.
La evolución tecnológica ha convertido la automatización y el uso de herramientas analíticas en un componente esencial de los sistemas de cumplimiento. El monitoreo transaccional, la debida diligencia y la gestión de alertas requieren cada vez más de soluciones tecnológicas robustas, trazables y alineadas con los requerimientos de las Superintendencias.
Para el 2026, las organizaciones que no cuenten con procesos automatizados enfrentarán mayores dificultades operativas, mayores riesgos de error humano y menor capacidad de respuesta frente a eventos de riesgo. La adopción de tecnologías adecuadas permite optimizar recursos, mejorar la detección de operaciones inusuales y fortalecer los mecanismos de control interno.
3. Auditorías y Supervisión de Cumplimiento.
Las labores de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades serán cada vez más técnicas y exhaustivas. No será suficiente con “tener” un sistema implementado; será indispensable demostrar su efectividad, trazabilidad y mejora continua.
Esto implica contar con documentación actualizada, matrices de riesgo bien estructuradas, reportes oportunos y soportes claros de cada una de las actividades del sistema. Las organizaciones deberán fortalecer sus procesos de auditoría interna y prepararse de manera permanente para auditorías externas, minimizando hallazgos y riesgos sancionatorios.
4. Riesgos Emergentes del Crimen Organizado.
El crimen organizado evoluciona al mismo ritmo que la tecnología. El uso de activos virtuales, estructuras societarias complejas, operaciones transfronterizas y nuevas tipologías de fraude representan un desafío constante para los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE
Para el 2026, será clave que las organizaciones cuenten con metodologías dinámicas de identificación, medición y control del riesgo, así como con profesionales capaces de interpretar señales de alerta y ajustar los controles frente a escenarios no tradicionales. La actualización permanente del conocimiento será un factor crítico de éxito.
5. Capacitación y Cultura de Cumplimiento.
Un sistema de cumplimiento es tan fuerte como las personas que lo operan. La formación continua del personal, desde la alta dirección hasta los colaboradores operativos, es fundamental para prevenir fallas, fortalecer la cultura organizacional y garantizar una adecuada gestión del riesgo.
Las capacitaciones deberán ser periódicas, prácticas y alineadas con los cambios normativos, las tipologías de riesgo y las responsabilidades específicas de cada rol dentro de la organización. Para el 2026, las empresas que inviertan en cultura de cumplimiento estarán mejor preparadas para responder a los desafíos regulatorios y reputacionales.