La exclusión financiera basada en narrativas digitales plantea riesgos para la formalización económica.
En un entorno hiperconectado, donde una mención en internet puede adquirir vida propia, la reputación digital ha comenzado a operar, en algunos casos, como un sustituto informal del análisis jurídico riguroso.
No se trata de desconocer la importancia de los sistemas de prevención del lavado de activos ni de minimizar los riesgos reales que enfrenta el sector financiero. Estos mecanismos son necesarios y cumplen una función esencial. El problema surge cuando la reputación mediática o digital empieza a pesar más que los hechos verificables, las decisiones judiciales o la inexistencia de procesos formales.
Hoy, cualquier empresario está expuesto a que terceros —medios, organizaciones, opinadores o plataformas digitales— publiquen información, interpretaciones o señalamientos que, aun sin respaldo judicial, pueden permanecer en línea durante años. En ese escenario, el riesgo ya no proviene de una conducta ilícita, sino de la persistencia de contenidos que no siempre reflejan la realidad jurídica actual.
Desde la experiencia empresarial, este fenómeno genera una profunda inquietud: ¿cómo se defiende alguien frente a una publicación cuando no existe investigación, imputación ni decisión judicial alguna? ¿Qué herramientas reales tiene un empresario para contrarrestar una narrativa digital que se reproduce sin contexto, sin actualización y sin contraste con fuentes oficiales?
El impacto de este tipo de decisiones no se limita a una persona o a una razón social. Detrás de cada empresa hay trabajadores, familias, proveedores y comunidades enteras que dependen del funcionamiento normal del sistema financiero para el pago de nóminas, el cumplimiento de obligaciones laborales y la continuidad del empleo. Cuando el sistema financiero adopta decisiones de cierre de portafolio y servicios sin un análisis suficiente de proporcionalidad, las consecuencias trascienden lo individual y se vuelven estructurales.
Existe, además, un efecto pocas veces considerado: el impacto económico y fiscal sobre los territorios donde operan las empresas formales. Regiones como el nordeste antioqueño, y municipios como Segovia y Remedios, dependen en gran medida de la actividad productiva legal para la generación de empleo, el pago de impuestos y la transferencia de regalías. Sin acceso al sistema financiero no es posible cumplir oportunamente obligaciones ante la DIAN ni efectuar pagos de regalías a los entes territoriales, lo que termina debilitando el recaudo, la formalidad y la economía regional, y va en contravía de las políticas de Estado orientadas a la formalización minera a través de la bancarización.
La paradoja es evidente: decisiones adoptadas con el propósito de mitigar riesgos pueden, en la práctica, incentivar la informalidad y afectar la sostenibilidad fiscal y social de regiones enteras. La exclusión financiera de empresas formales no solo impacta a los empresarios; impacta al Estado, a los municipios y a las comunidades que dependen de la legalidad.
La Constitución y la jurisprudencia han sido claras en señalar que la autonomía de las entidades financieras no es absoluta. El debido proceso, la proporcionalidad y la razonabilidad siguen siendo principios rectores, incluso en contextos de gestión de riesgo. De hecho, los empresarios del sector minero también estamos obligados a implementar sistemas de cumplimiento como el SAGRILAFT, lo que refuerza la necesidad de decisiones equilibradas y basadas en hechos verificables.
Tal vez el desafío más grande de esta época no sea combatir el delito a través de mecanismos de cumplimiento como el SAGRILAFT —para eso existen instituciones especializadas—, sino evitar que la reputación digital se convierta en una condena silenciosa, perpetua y sin juez. Un sistema financiero sólido no solo previene riesgos; también protege derechos, pondera impactos y distingue entre información, opinión y realidad jurídica.
“Como empresarios, no pedimos privilegios. Pedimos reglas claras, análisis completos y decisiones basadas en hechos verificables. La confianza en el sistema se construye cuando la reputación no reemplaza al derecho, y cuando la transparencia opera en doble vía”, Edgar Julio Erazo Córdoba, empresario especializado en minería subterránea de oro.
Edgar Julio Erazo Córdoba, empresario especializado en minería subterránea de oro.